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lunes, octubre 27, 2008

ARGENTINA: NOS METEN EL DELITO CADA VEZ MÁS

Luis Augusto Weckesser

Un día, hace años en CRÓNICA TV aparece un menor delincuente cuando lo acababa de detener la policía que pega el grito: "AGUANTEN LOS PIBES CHORROS".
Desde entonces lo usó permanentemente, su responsable HÉCTOR RICARDO GARCÍA dueño de Crónica (el guardador de la fé pública , que está preso por estafa por traficar con facturas "truchas").
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Desde allí CRÓNICA ya no dijo menor, niño ni un carajo, sólo desde entonces (hace ya años) dice "PIBE" ó "PIBA" para seguir jorobando a la gente.

Se sumó el irresponsable de MARCELO TINELLI que metió LA CUMBIA VILLERA en la televisión tomándola en joda ridiculizando a la corrección por medio de "LA CUMBIA PAQUETA".

La sigue MARIANA FABBIANI con la gorda que la acompaña, en un programa donde se ven como fondo, sólo botellas de bebida alcohólica. Ayer trataron de "botonazo" al policía que detuvo a quien entró a una comisaría a vender un CD falsificado. El irresponsable que dirige ésto es GASTÓN PORTAL, hijo del "bueno " de RAÚL PORTAL.

¿NO LES IMPORTA A ESTOS TURROS QUE ESTÁN DESATANDO CADA VEZ MÁS AL DELITO...?

domingo, octubre 26, 2008

EXPRESO - PLANETAMIENTOS: El drama de los penales

Domingo 26 de octubre de 2008
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ALFREDO PALACIOS DONGO
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Hace pocos días hemos visto asombrados un video difundido por un noticiero televisivo con imágenes de una de las varias fiestas realizadas en el penal de Lurigancho, la cual estaba animada con conjunto musical, con presencia de gran cantidad de mujeres y abundante consumo de bebidas alcohólicas. Esta grave irregularidad nos obliga a analizar y reflexionar sobre la dramática situación de nuestro sistema penitenciario.
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Cuando hablamos de penales, frecuentemente lo relacionamos a lugares donde se promueven excesos, abusos, amplia discrecionalidad y corrupción. El objeto fundamental del régimen penitenciario, tal como lo demanda la Constitución Política (artículo 139 inciso 22), es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, es decir, que quienes alcancen su libertad lo hagan como personas rehabilitadas socialmente. Actualmente las posibilidades de dicha resocialización son muy limitadas o casi nulas. Por el contrario, desde dichos centros se estaría promoviendo y fortaleciendo escuelas del crimen, rearticulación de bandas de secuestradores y narcotraficantes así como incremento de delincuentes, dentro de un círculo vicioso cuya solución se avizora más compleja conforme pase más tiempo sin una reforma integral del sistema penitenciario.
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En cuanto al sistema judicial, según la Defensoría del Pueblo, de las 81 cárceles existentes a nivel nacional el 70% de los 40,000 internos se encuentran en condición de procesados, lo cual es absolutamente injusto e inaudito. Asimismo, los servicios penitenciarios (social, legal, de salud, sicológicos, educativos, etc.), imprescindibles para la rehabilitación de los internos, son inadecuados e insuficientes por la mínima cantidad de abogados, médicos, enfermeros, asistentes sociales, psicólogos, profesores, y por la carencia de equipamiento y material para cumplir su labor (para atender 40,000 internos solo se cuenta con alrededor de 100 asistentes sociales, 140 psicólogos y 90 abogados).
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Sobre la infraestructura, el hacinamiento es crítico. En muchos penales los internos desbordan su capacidad. En el penal de Lurigancho hay 10,600 internos para un límite máximo de 1,800 (su capacidad excedida en más de 480%). Para el control y seguridad de los penales el INPE tiene un déficit de 3,000 agentes penitenciarios y las fugas se siguen incrementando.
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La ministra de Justicia, Rosario Fernández, explicó en junio pasado sobre el inició del Programa de Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria 2008-2017, cuyo objetivo será edificar 15 penales al año 2017 para aumentar la capacidad de internamiento en 31,000 nuevas plazas. Sin embargo, habría que considerar el alarmante índice de crecimiento de la población penal de alrededor de 10% anual –en los últimos 10 años se ha duplicado de 20,000 a 40,000 internos–.
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Nuestro sistema penitenciario encierra una de las más graves manifestaciones de violencia y donde la mayoría de derechos son conculcados, sin embargo es objeto de un profundo olvido y falta de atención. Los aspectos fundamentales de cualquier propuesta de reforma integral pasan no sólo por la construcción de más penales, sino principalmente por mejorar la gestión y eficiencia del sistema judicial así como de todos los servicios penitenciarios.

sábado, octubre 18, 2008

EXPRESO - PLANTEAMIENTOS: Feroces y recurrentes emboscadas terroristas

sábado 18 de octubre de 2008
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ALFREDO PALACIOS DONGO

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Desde el inicio de la guerra interna iniciada por Sendero Luminoso en mayo de 1980 tuvieron que pasar casi dos décadas, con miles de muertos e incalculables perdidas materiales, para que el terrorismo sea derrotado militar y estratégicamente. Sin embargo, a pesar de no estar liquidado, a fines de 1999 el Estado comenzó a replegarse de la selva central en la que aún existían remanentes. Así el año 2000 se inició un rebrote terrorista coludido con el narcotráfico –500 terroristas según el Departamento de Estado de EE UU– el cual empezando con agitación y propaganda volvió a retomar su accionar criminal en agosto de 2001 asesinando a 4 policías en la selva central y en el 2002 a otros dos policías en la vía Ayacucho-Tambo.
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Pero es a partir del año 2004, cuando se habían reducido las operaciones antisubversivas, que los terroristas iniciaron una serie de feroces emboscadas y ataques contra personal militar y policial. La primera ocurrió en Aguaytía en junio de 2004 asesinando a dos policías y un marino. Luego entre febrero 2005 y diciembre 2006, en tres sangrientas emboscadas, acribillaron a 22 policías y 3 civiles en zonas de Tingo María, Aucayacu, Juanjui y La Mar. Posteriormente, en noviembre de 2007, en Ocabamba, Apurímac, destruyeron la comisaría asesinando al comisario, y dos semanas después, emboscaron dos vehículos policiales en el distrito de Tintay Punco, Huancavelica, siendo cruelmente asesinados 4 policías.
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La emboscada del pasado día 9 contra una patrulla de la base contraterrorista de Cochabamba Grande –en el mismo distrito de Tintay Punco donde ocurrió la anterior emboscada y empleando la misma modalidad– fue el peor atentado en los últimos 10 años. Unos 80 terroristas detonaron una carga explosiva bajo uno de los camiones particulares en que se trasladaban, asesinando después de un enfrentamiento a 14 militares y dos civiles, llevándose el armamento de la patrulla y dejando 11 heridos. Finalmente, hace solo 5 días, en Ayahuanco, Huanta, asesinaron 2 sargentos e hirieron un oficial y cuatro soldados.
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Del análisis de estas emboscadas se puede determinar que a pesar de la presencia de terroristas en dichas áreas, la falta de previsión y seguridad durante los desplazamientos fue determinante para que éstas se produzcan. Asimismo, la falta de capacidad de reacción denota fallas de planeamiento, seguridad e inteligencia.
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A pesar que el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha declarado que "no habrá recortes presupuestales para las FF AA ni policiales que luchan contra el terrorismo", es grave el recorte de S/. 400 millones a Defensa del actual presupuesto. Además de afectar la operatividad de las FF AA, afecta también las operaciones antisubversivas, obligando a transferir recursos de otros rubros.
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Para enfrentar el narcoterrorismo, además de mejorarse la situación social y condiciones de vida en dichas zonas, es imprescindible la acción militar y policial con una adecuada inteligencia estratégica y de combate, así como de mayores recursos para equipamiento, armamento, comunicaciones, transporte y helicópteros para proteger los desplazamientos. El Gobierno tiene la obligación de defender a todos los peruanos de esta grave amenaza.

sábado, octubre 11, 2008

EXPRESO - PLANTEAMIENTOS: El Almirante Grau y su advertencia de imprevisión

sábado 11 de octubre de 2008
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ALFREDO PALACIOS DONGO
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Con justa razón este 8 de octubre durante el aniversario del Glorioso Combate Naval de Angamos se resaltó la heroicidad y sacrificio de nuestro gran héroe, el Almirante Miguel Grau, el peruano del milenio, quien hace 129 años abordo del Huáscar se inmoló en defensa y por la gloria y honor de nuestra Patria, dejándonos con su ejemplo un gran legado que los peruanos deberíamos seguir. Sin embargo poco se reflexiona sobre la imprevisión en la seguridad y defensa nacional que motivó la deplorable situación operativa de nuestras unidades navales para enfrentar la guerra con Chile, y que el Almirante Grau había advertido reiteradamente.

Durante la década de 1870 el Perú no invirtió recursos para el Ejército ni la Marina por lo que nuestra eficacia combativa era muy limitada, a diferencia de Chile que había invertido considerables montos en su material bélico. El 5 de julio de 1876 Miguel Grau deja el comando del Huáscar para servir en el Congreso, por haber sido elegido Diputado. Como político integró la Comisión de Marina, denunciando el pésimo estado de los buques y abogando por recursos. En enero de 1877 pidió licencia para viajar a Valparaíso a traer los restos de su padre, fallecido en dicho puerto. A su retorno, informó al Gobierno su honda preocupación al haber constatado el poderío de los blindados chilenos Blanco Encalada y Cochrane, así como la preparación bélica de sus fuerzas militares.

En mayo de 1877 Miguel Grau fue nombrado Comandante General de la Marina, presentando al Gobierno la "Memoria de Marina", donde expone la mala situación operativa de nuestros buques, solicitando la adquisición de nuevas unidades y armas para reforzar la escuadra. Regresó al Congreso en julio de 1878 e insistió en sus pedidos. En sesión del Congreso del 11 de setiembre de dicho año, la cámara de diputados tomo conocimiento de dicha Memoria y la archivó.

Ante la evidencia de la guerra, el 26 de marzo de 1879, deja el Congreso para comandar nuevamente el Huáscar. Al declararnos la guerra Chile, el 4 de abril de 1879, de nuestros seis buques, solo el monitor Huáscar y la corbeta Unión estaban operativos; los cuatro restantes presentaban serias limitaciones por falta de materiales y repuestos principalmente para calderas y maquinas. La escuadra chilena nos aventajaba ampliamente en entrenamiento, cantidad de unidades, desplazamiento, blindaje, poder de artillería y modernidad.

Lastimosamente después de tantos años existen muchas similitudes entre estos episodios y la situación actual. La historia que debiera ser una excelente maestra, no ha servido para revertir la irreflexión, ligereza y miopía política que no permiten visualizar la necesidad de mejorar la seguridad y defensa de nuestra Patria. Miguel Grau lo alertó en su época y no fue escuchado. Las consecuencias de esa funesta guerra se encuentran escritas en todos los libros de historia del Perú.

Es muy pertinente reflexionar sobre los alcances de las palabras del Secretario General de la OEA, el chileno José Insulza, manifestadas el 23 de setiembre pasado en Washington durante la presentación del nuevo Foro de la Paz: "Aunque la guerra nos parezca muchas veces impensable, no necesariamente es imposible".

sábado, octubre 04, 2008

CRISIS Y DEFENSA NACIONAL.

EL COMERCIO 4-10-08
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Hugo Guerra

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La defensa es como una póliza de seguro que el Estado debe renovar
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Ilustrado lector, en situaciones de crisis financiera mundial como la presente, uno de los fenómenos colaterales más peligrosos es la alteración de la paz. Así, el crack de 1929-1933 prologó la II Guerra Mundial.
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Hoy, en pleno abismo especulativo estadounidense, Venezuela está introduciendo en la región componentes de amenaza bélica que alcanzan hasta el pronto desarrollo de armas nucleares. En paralelo, frente a la crisis boliviana Chile deja conocer que, a pese a ser ya la primera potencia militar del cono sur, dispone de US$3.000 millones para seguir incrementando su panoplia.
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En un contexto tan volátil es acertada la propuesta de establecer un canon a la explotación de futuros yacimientos mineros y energéticos para fortalecer el fondo de defensa que viene financiándose con parte de las regalías del gas de Camisea.
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La defensa nacional es como una póliza de seguros (contra riesgos razonables), que el Estado está obligado a renovar anualmente para proteger la integridad, la soberanía y la viabilidad nacional. Por tanto la defensa es un bien público con igual jerarquía a la salud y la educación.
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Su financiamiento no puede estar librado al azar ni fijarse aleatoriamente según la precariedad de los presupuestos anuales de la República. Por eso urge encontrar mecanismos estables para no volver a la precariedad del núcleo básico eficaz (que supuestamente daría respuesta durante 30 días a una eventual agresión) que propuso inicialmente este gobierno, destinando un presupuesto mísero de 650 millones de dólares entre el 2006 y el 2011.
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Para subsistir en hipótesis bélicas básicas, necesitamos primero sanear el drama salarial del personal militar en actividad, frenando de inmediato la descapitalización humana sobre todo en la FAP; también debemos mantener y desarrollar la infraestructura defensiva; y, asegurar la movilidad de personal y equipos. Todo lo cual debe financiarse con recursos regulares.
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Luego, es imperativo recuperar poderío aéreo con alta tecnología; modernizar y multiplicar la artillería; repotenciar la fuerza de submarinos; garantizar el suministro de armamento, municiones y combustible y garantizar el despliegue preventivo para compensar la asimetría con los vecinos. El financiamiento de esto debe salir del canon propuesto por el vicepresidente Giampietri; aunque también debe evaluarse la posibilidad de desarrollar una industria militar propia captando capitales privados que se escapan de la crisis financiera.
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En la paz estos tópicos suelen ser incomprendidos. Pero, llegado el caso, la falta de previsión es una forma de traición al interés de la patria.

EXPRESO - PLANTEAMIENTOS: Grave problema de corrupción

sábado 4 de octubre de 2008
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ALFREDO PALACIOS DONGO
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El 23 de setiembre pasado Transparency International presentó el "Índice de Percepción de la Corrupción 2008" (IPC) –viene publicándose anualmente desde 1995–, el cual clasifica a 180 países del mundo según el grado de corrupción percibido como existente entre los funcionarios públicos y políticos, particularmente en el abuso del servicio público para beneficio particular. Para tal fin analiza aspectos administrativos y políticos de la corrupción tales como: frecuencia y magnitud de sobornos a funcionarios públicos, pagos irregulares en contrataciones públicas, malversación de fondos públicos, así como la solidez y efectividad de las iniciativas anticorrupción.
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El Perú ocupa el puesto 72 con una puntuación de 3.6 –la escala va de 0: percepción muy corrupto, hasta 10: percepción de ausencia de corrupción–. Dinamarca ocupa el puesto 1 con 9.3 puntos (alta transparencia), y Somalia el puesto 180 con 1.0 punto (alta corrupción). En nuestro caso, hemos descendido del puesto 65 el 2005, al 70 el 2006 y al 72 el 2007; en el 2008 nos mantenemos en el mismo puesto, sin demostrar mejoría. Lamentablemente nos encontramos ubicados en el grupo de países con puntuaciones menores a 5.0 que demuestran "grave problema de corrupción". Los que no superan los 3.0 puntos, demuestran "niveles de corrupción desenfrenados". En Latinoamérica los países con menos corrupción percibida son Chile y Uruguay, ambos situados en el puesto 23 con 6.9 puntos.
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Además del IPC, esta organización presenta anualmente el "Barómetro Global de Corrupción" (BGC), que analiza actitudes hacia la corrupción y experiencias del público. En su última publicación de diciembre 2007, nuestro país figura entre los más afectados por sobornos y por alta percepción de corrupción en los Poderes Judicial, Legislativo y los partidos políticos. Asimismo, se considera que nuestra evolución de corrupción en los próximos tres años seguirá igual o aumentará, y que las medidas anticorrupción adoptadas son inadecuadas e ineficientes.
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Los indicadores de estos informes nos reiteran que este flagelo es uno de los más graves problemas que afecta y daña a nuestro país. Es realmente alarmante ver como el espiral de la corrupción no parece tener freno. En los últimos seis años más de 16,000 servidores públicos han sido acusados por delitos de peculado, corrupción de funcionarios, concusión y abuso de autoridad, sin embargo la lucha anticorrupción no avanza. Desde hace muchos años se nombraron y luego desactivaron, zares anticorrupción, comisiones y consejos nacionales, hasta la última Oficina Nacional Anticorrupción (ONA), creada en octubre 2007 y no duró activa ni diez meses.
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Se requieren con urgencia cambios estructurales que eliminen los incentivos e impunidad de la corrupción. Para tal fin es imprescindible la implementación en las instituciones públicas de sistemas de control más sólidos y reglamentaciones y marcos legales más estrictos y rigurosos. Es fundamental establecer la imprescriptibilidad de delitos contra el patrimonio del Estado. Además, debe mejorarse el sistema de administración de justicia, cumplirse con las regulaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública y fomentarse la cultura de la ética pública.