La determinación de las autoridades japonesas de continuar con las ejecuciones secretas pese a la creciente preocupación por el uso de la pena de muerte en el país constituye una mancha en el sistema de justicia del país, señala Amnistía Internacional.
Masanori Kawasaki, de 68 años, fue ahorcado a primeras horas de la mañana del 26 de junio en el centro de detención de Osaka. Había sido condenado en 2008 por el asesinato de tres familiares.
Esta ejecución es la primera que se lleva a cabo desde que, en marzo, un tribunal ordenó la liberación inmediata de Hakamada Iwao, condenado a muerte durante más de cuarenta años tras un juicio injusto. La fiscalía ha apelado contra la decisión de conceder a Hakamada un nuevo juicio, pese a que el tribunal manifestó que era probable que la policía hubiera falsificado pruebas.
“Es lamentable que, no mucho después de que se revelaran de forma tan evidente los defectos fundamentales del sistema de justicia penal de Japón, el ministro de Justicia, Sadakazu Tanigaki, haya optado por firmar otra orden de ejecución”, ha manifestado Roseann Rife, directora de investigación sobre Asia Oriental de Amnistía Internacional.
“En lugar de enviar a más gente al patíbulo, lo que se necesita es una reforma urgente de un sistema de justicia que, ahora mismo, no es merecedor de su nombre.”
La ejecución –la primera de 2014– es la novena que se lleva a cabo desde que el gobierno del primer ministro Abe ocupó su cargo en diciembre de 2012. En Japón, el ministro de Justicia debe autorizar las ejecuciones antes de que se puedan llevar a cabo. En el país hay un total de 128 personas condenadas a muerte.
“Esta última ejecución va en contra de las voces cada vez más numerosas que, en Japón, piden la interrupción del uso de la pena de muerte y una mayor transparencia. El gobierno debe mostrar su liderazgo e iniciar un debate público completo sobre el uso de la pena de muerte, como un importante primer paso hacia la abolición”, ha manifestado Roseann Rife.
En febrero, un grupo de jueces legos instó al ministro de Justicia a detener las ejecuciones hasta que hubiera una mayor transparencia en el uso de la pena capital.
En Japón, las ejecuciones están rodeadas de secreto, y a los presos normalmente no se les comunica que van a ser ejecutados hasta unas horas antes de la ejecución; incluso hay casos en los que no se les comunica previamente. A sus familias se les suele notificar la ejecución cuando ya se ha llevado a cabo.
“Los condenados a muerte viven con el temor constante a ser ejecutados, sin saber si, de un día para otro, les van a dar muerte. Esto añade un componente de tortura psicológica a una pena ya de por sí cruel e inhumana”, ha manifestado Roseann Rife.
Japón es el único país del G8, aparte de Estados Unidos, que aún utiliza la pena capital. Durante 2013, tan sólo 22 países –uno de cada 10 del mundo– llevaron a cabo ejecuciones.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, sin excepción, independientemente de la naturaleza o las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia u otras características del condenado, o del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
