sábado 9 de febrero 2008
ALFREDO PALACIOS DONGO
El 30 de enero pasado la justicia chilena decidió sobreseer definitivamente el caso por la venta ilegal de armamento de Chile a Ecuador, estando éste en pleno conflicto bélico con nuestro país en el Alto Cenepa -entre el 26 de enero y 17 de febrero de 1995– y a pesar de ser garante del Protocolo de Río de Janeiro.
Así, este complicado caso diplomático-judicial chileno, que incluso invocó al Código de Justicia Militar para ser mantenido en reserva "por razones de Estado", ha sido cerrado por el magistrado de la Corte Marcial, Joaquín Billard, sin haber considerado ningún procesado, argumentando que dicha operación ocurrió hace más de diez años del inicio de las investigaciones. Sin embargo, existen pruebas, declaraciones y confesiones de parte que acreditan la existencia de graves delitos.
En enero de 2006, Sergio Muñoz, uno de los tantos magistrados que ha pasado por este caso, investigó sobre el despegue de Santiago, bajo estricto secreto, de dos aviones ecuatorianos con material de guerra। Tras allanarse las oficinas de Fábricas y Maestranzas del Ejército de Chile (Famae), se encontró en la caja fuerte un documento que da cuenta que la operación incluyó armas (cohetes y fusiles), además de los 500,000 proyectiles de 9 mm señalados oficialmente como lo único vendido। Asimismo, en marzo de 2006, Oscar Aitken, ex asesor financiero del ex presidente Augusto Pinochet, confesó que el Ejército vendió armas a Ecuador en pleno conflicto e inclusive les ofrecieron cohetes tipo "Rayo".
Existen además declaraciones de militares que en ese entonces estuvieron presentes en dicha operación, las cuales coinciden que esta venta de armas fue un "pacto secreto entre ambos gobiernos" y que "el caso era conocido por el ministerio de Defensa y la subsecretaría de Guerra"। También se acreditó que dos aviones Hércules C-130 ecuatorianos recibieron ilegalmente, en el grupo de Aviación N° 10 de la Fuerza Aérea chilena, 3,000 fusiles, 7,829 cargadores, 300 cohetes Low y visores nocturnos. Según fuentes ecuatorianas, se recibieron además granadas y minas.
El caso salió a la luz en marzo de 2005 cuando el ex presidente del Comando Conjunto ecuatoriano, Víctor Vayas, declaró que su país adquirió armas de Chile en pleno conflicto। También se supo que el 3 de febrero de 1995, el ex embajador del Perú en Santiago, Alfonso Rivero, había informado al gobierno peruano sobre dicha entrega de armamento. A pesar de la gravedad, no fue presentada una firme nota de protesta.
La clara parcialidad chilena con Ecuador, por la que nuestro país solo recibió tibias excusas, más no un desagravio, tiene que haber influido en el resultado del conflicto y en la muerte de muchos soldados peruanos en el Alto Cenepa।
Este gravísimo caso podrá ser cerrado internamente por el poder judicial chileno, pero no lo será jamás en el Derecho Internacional ni en la historia, por contradecir principios, reglas y normas de compromiso de un país garante, que como tal, tuvo la obligación de asegurar, afianzar, proteger y responder por el cumplimiento del protocolo de Río de Janeiro con estricta y absoluta imparcialidad.
