EL COMERCIO 4-10-08
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Hugo Guerra
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La defensa es como una póliza de seguro que el Estado debe renovar
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Ilustrado lector, en situaciones de crisis financiera mundial como la presente, uno de los fenómenos colaterales más peligrosos es la alteración de la paz. Así, el crack de 1929-1933 prologó la II Guerra Mundial.
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Hoy, en pleno abismo especulativo estadounidense, Venezuela está introduciendo en la región componentes de amenaza bélica que alcanzan hasta el pronto desarrollo de armas nucleares. En paralelo, frente a la crisis boliviana Chile deja conocer que, a pese a ser ya la primera potencia militar del cono sur, dispone de US$3.000 millones para seguir incrementando su panoplia.
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En un contexto tan volátil es acertada la propuesta de establecer un canon a la explotación de futuros yacimientos mineros y energéticos para fortalecer el fondo de defensa que viene financiándose con parte de las regalías del gas de Camisea.
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La defensa nacional es como una póliza de seguros (contra riesgos razonables), que el Estado está obligado a renovar anualmente para proteger la integridad, la soberanía y la viabilidad nacional. Por tanto la defensa es un bien público con igual jerarquía a la salud y la educación.
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Su financiamiento no puede estar librado al azar ni fijarse aleatoriamente según la precariedad de los presupuestos anuales de la República. Por eso urge encontrar mecanismos estables para no volver a la precariedad del núcleo básico eficaz (que supuestamente daría respuesta durante 30 días a una eventual agresión) que propuso inicialmente este gobierno, destinando un presupuesto mísero de 650 millones de dólares entre el 2006 y el 2011.
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Para subsistir en hipótesis bélicas básicas, necesitamos primero sanear el drama salarial del personal militar en actividad, frenando de inmediato la descapitalización humana sobre todo en la FAP; también debemos mantener y desarrollar la infraestructura defensiva; y, asegurar la movilidad de personal y equipos. Todo lo cual debe financiarse con recursos regulares.
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Luego, es imperativo recuperar poderío aéreo con alta tecnología; modernizar y multiplicar la artillería; repotenciar la fuerza de submarinos; garantizar el suministro de armamento, municiones y combustible y garantizar el despliegue preventivo para compensar la asimetría con los vecinos. El financiamiento de esto debe salir del canon propuesto por el vicepresidente Giampietri; aunque también debe evaluarse la posibilidad de desarrollar una industria militar propia captando capitales privados que se escapan de la crisis financiera.
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En la paz estos tópicos suelen ser incomprendidos. Pero, llegado el caso, la falta de previsión es una forma de traición al interés de la patria.
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Hugo Guerra
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La defensa es como una póliza de seguro que el Estado debe renovar
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Ilustrado lector, en situaciones de crisis financiera mundial como la presente, uno de los fenómenos colaterales más peligrosos es la alteración de la paz. Así, el crack de 1929-1933 prologó la II Guerra Mundial.
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Hoy, en pleno abismo especulativo estadounidense, Venezuela está introduciendo en la región componentes de amenaza bélica que alcanzan hasta el pronto desarrollo de armas nucleares. En paralelo, frente a la crisis boliviana Chile deja conocer que, a pese a ser ya la primera potencia militar del cono sur, dispone de US$3.000 millones para seguir incrementando su panoplia.
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En un contexto tan volátil es acertada la propuesta de establecer un canon a la explotación de futuros yacimientos mineros y energéticos para fortalecer el fondo de defensa que viene financiándose con parte de las regalías del gas de Camisea.
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La defensa nacional es como una póliza de seguros (contra riesgos razonables), que el Estado está obligado a renovar anualmente para proteger la integridad, la soberanía y la viabilidad nacional. Por tanto la defensa es un bien público con igual jerarquía a la salud y la educación.
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Su financiamiento no puede estar librado al azar ni fijarse aleatoriamente según la precariedad de los presupuestos anuales de la República. Por eso urge encontrar mecanismos estables para no volver a la precariedad del núcleo básico eficaz (que supuestamente daría respuesta durante 30 días a una eventual agresión) que propuso inicialmente este gobierno, destinando un presupuesto mísero de 650 millones de dólares entre el 2006 y el 2011.
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Para subsistir en hipótesis bélicas básicas, necesitamos primero sanear el drama salarial del personal militar en actividad, frenando de inmediato la descapitalización humana sobre todo en la FAP; también debemos mantener y desarrollar la infraestructura defensiva; y, asegurar la movilidad de personal y equipos. Todo lo cual debe financiarse con recursos regulares.
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Luego, es imperativo recuperar poderío aéreo con alta tecnología; modernizar y multiplicar la artillería; repotenciar la fuerza de submarinos; garantizar el suministro de armamento, municiones y combustible y garantizar el despliegue preventivo para compensar la asimetría con los vecinos. El financiamiento de esto debe salir del canon propuesto por el vicepresidente Giampietri; aunque también debe evaluarse la posibilidad de desarrollar una industria militar propia captando capitales privados que se escapan de la crisis financiera.
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En la paz estos tópicos suelen ser incomprendidos. Pero, llegado el caso, la falta de previsión es una forma de traición al interés de la patria.
