Domingo 26 de octubre de 2008
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ALFREDO PALACIOS DONGO
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Hace pocos días hemos visto asombrados un video difundido por un noticiero televisivo con imágenes de una de las varias fiestas realizadas en el penal de Lurigancho, la cual estaba animada con conjunto musical, con presencia de gran cantidad de mujeres y abundante consumo de bebidas alcohólicas. Esta grave irregularidad nos obliga a analizar y reflexionar sobre la dramática situación de nuestro sistema penitenciario.
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Cuando hablamos de penales, frecuentemente lo relacionamos a lugares donde se promueven excesos, abusos, amplia discrecionalidad y corrupción. El objeto fundamental del régimen penitenciario, tal como lo demanda la Constitución Política (artículo 139 inciso 22), es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, es decir, que quienes alcancen su libertad lo hagan como personas rehabilitadas socialmente. Actualmente las posibilidades de dicha resocialización son muy limitadas o casi nulas. Por el contrario, desde dichos centros se estaría promoviendo y fortaleciendo escuelas del crimen, rearticulación de bandas de secuestradores y narcotraficantes así como incremento de delincuentes, dentro de un círculo vicioso cuya solución se avizora más compleja conforme pase más tiempo sin una reforma integral del sistema penitenciario.
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En cuanto al sistema judicial, según la Defensoría del Pueblo, de las 81 cárceles existentes a nivel nacional el 70% de los 40,000 internos se encuentran en condición de procesados, lo cual es absolutamente injusto e inaudito. Asimismo, los servicios penitenciarios (social, legal, de salud, sicológicos, educativos, etc.), imprescindibles para la rehabilitación de los internos, son inadecuados e insuficientes por la mínima cantidad de abogados, médicos, enfermeros, asistentes sociales, psicólogos, profesores, y por la carencia de equipamiento y material para cumplir su labor (para atender 40,000 internos solo se cuenta con alrededor de 100 asistentes sociales, 140 psicólogos y 90 abogados).
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Sobre la infraestructura, el hacinamiento es crítico. En muchos penales los internos desbordan su capacidad. En el penal de Lurigancho hay 10,600 internos para un límite máximo de 1,800 (su capacidad excedida en más de 480%). Para el control y seguridad de los penales el INPE tiene un déficit de 3,000 agentes penitenciarios y las fugas se siguen incrementando.
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La ministra de Justicia, Rosario Fernández, explicó en junio pasado sobre el inició del Programa de Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria 2008-2017, cuyo objetivo será edificar 15 penales al año 2017 para aumentar la capacidad de internamiento en 31,000 nuevas plazas. Sin embargo, habría que considerar el alarmante índice de crecimiento de la población penal de alrededor de 10% anual –en los últimos 10 años se ha duplicado de 20,000 a 40,000 internos–.
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Nuestro sistema penitenciario encierra una de las más graves manifestaciones de violencia y donde la mayoría de derechos son conculcados, sin embargo es objeto de un profundo olvido y falta de atención. Los aspectos fundamentales de cualquier propuesta de reforma integral pasan no sólo por la construcción de más penales, sino principalmente por mejorar la gestión y eficiencia del sistema judicial así como de todos los servicios penitenciarios.
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ALFREDO PALACIOS DONGO
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Hace pocos días hemos visto asombrados un video difundido por un noticiero televisivo con imágenes de una de las varias fiestas realizadas en el penal de Lurigancho, la cual estaba animada con conjunto musical, con presencia de gran cantidad de mujeres y abundante consumo de bebidas alcohólicas. Esta grave irregularidad nos obliga a analizar y reflexionar sobre la dramática situación de nuestro sistema penitenciario.
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Cuando hablamos de penales, frecuentemente lo relacionamos a lugares donde se promueven excesos, abusos, amplia discrecionalidad y corrupción. El objeto fundamental del régimen penitenciario, tal como lo demanda la Constitución Política (artículo 139 inciso 22), es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad, es decir, que quienes alcancen su libertad lo hagan como personas rehabilitadas socialmente. Actualmente las posibilidades de dicha resocialización son muy limitadas o casi nulas. Por el contrario, desde dichos centros se estaría promoviendo y fortaleciendo escuelas del crimen, rearticulación de bandas de secuestradores y narcotraficantes así como incremento de delincuentes, dentro de un círculo vicioso cuya solución se avizora más compleja conforme pase más tiempo sin una reforma integral del sistema penitenciario.
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En cuanto al sistema judicial, según la Defensoría del Pueblo, de las 81 cárceles existentes a nivel nacional el 70% de los 40,000 internos se encuentran en condición de procesados, lo cual es absolutamente injusto e inaudito. Asimismo, los servicios penitenciarios (social, legal, de salud, sicológicos, educativos, etc.), imprescindibles para la rehabilitación de los internos, son inadecuados e insuficientes por la mínima cantidad de abogados, médicos, enfermeros, asistentes sociales, psicólogos, profesores, y por la carencia de equipamiento y material para cumplir su labor (para atender 40,000 internos solo se cuenta con alrededor de 100 asistentes sociales, 140 psicólogos y 90 abogados).
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Sobre la infraestructura, el hacinamiento es crítico. En muchos penales los internos desbordan su capacidad. En el penal de Lurigancho hay 10,600 internos para un límite máximo de 1,800 (su capacidad excedida en más de 480%). Para el control y seguridad de los penales el INPE tiene un déficit de 3,000 agentes penitenciarios y las fugas se siguen incrementando.
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La ministra de Justicia, Rosario Fernández, explicó en junio pasado sobre el inició del Programa de Desarrollo de Infraestructura Penitenciaria 2008-2017, cuyo objetivo será edificar 15 penales al año 2017 para aumentar la capacidad de internamiento en 31,000 nuevas plazas. Sin embargo, habría que considerar el alarmante índice de crecimiento de la población penal de alrededor de 10% anual –en los últimos 10 años se ha duplicado de 20,000 a 40,000 internos–.
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Nuestro sistema penitenciario encierra una de las más graves manifestaciones de violencia y donde la mayoría de derechos son conculcados, sin embargo es objeto de un profundo olvido y falta de atención. Los aspectos fundamentales de cualquier propuesta de reforma integral pasan no sólo por la construcción de más penales, sino principalmente por mejorar la gestión y eficiencia del sistema judicial así como de todos los servicios penitenciarios.
