sábado 18 de octubre de 2008
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ALFREDO PALACIOS DONGO
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Desde el inicio de la guerra interna iniciada por Sendero Luminoso en mayo de 1980 tuvieron que pasar casi dos décadas, con miles de muertos e incalculables perdidas materiales, para que el terrorismo sea derrotado militar y estratégicamente. Sin embargo, a pesar de no estar liquidado, a fines de 1999 el Estado comenzó a replegarse de la selva central en la que aún existían remanentes. Así el año 2000 se inició un rebrote terrorista coludido con el narcotráfico –500 terroristas según el Departamento de Estado de EE UU– el cual empezando con agitación y propaganda volvió a retomar su accionar criminal en agosto de 2001 asesinando a 4 policías en la selva central y en el 2002 a otros dos policías en la vía Ayacucho-Tambo.
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Pero es a partir del año 2004, cuando se habían reducido las operaciones antisubversivas, que los terroristas iniciaron una serie de feroces emboscadas y ataques contra personal militar y policial. La primera ocurrió en Aguaytía en junio de 2004 asesinando a dos policías y un marino. Luego entre febrero 2005 y diciembre 2006, en tres sangrientas emboscadas, acribillaron a 22 policías y 3 civiles en zonas de Tingo María, Aucayacu, Juanjui y La Mar. Posteriormente, en noviembre de 2007, en Ocabamba, Apurímac, destruyeron la comisaría asesinando al comisario, y dos semanas después, emboscaron dos vehículos policiales en el distrito de Tintay Punco, Huancavelica, siendo cruelmente asesinados 4 policías.
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La emboscada del pasado día 9 contra una patrulla de la base contraterrorista de Cochabamba Grande –en el mismo distrito de Tintay Punco donde ocurrió la anterior emboscada y empleando la misma modalidad– fue el peor atentado en los últimos 10 años. Unos 80 terroristas detonaron una carga explosiva bajo uno de los camiones particulares en que se trasladaban, asesinando después de un enfrentamiento a 14 militares y dos civiles, llevándose el armamento de la patrulla y dejando 11 heridos. Finalmente, hace solo 5 días, en Ayahuanco, Huanta, asesinaron 2 sargentos e hirieron un oficial y cuatro soldados.
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Del análisis de estas emboscadas se puede determinar que a pesar de la presencia de terroristas en dichas áreas, la falta de previsión y seguridad durante los desplazamientos fue determinante para que éstas se produzcan. Asimismo, la falta de capacidad de reacción denota fallas de planeamiento, seguridad e inteligencia.
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A pesar que el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha declarado que "no habrá recortes presupuestales para las FF AA ni policiales que luchan contra el terrorismo", es grave el recorte de S/. 400 millones a Defensa del actual presupuesto. Además de afectar la operatividad de las FF AA, afecta también las operaciones antisubversivas, obligando a transferir recursos de otros rubros.
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Para enfrentar el narcoterrorismo, además de mejorarse la situación social y condiciones de vida en dichas zonas, es imprescindible la acción militar y policial con una adecuada inteligencia estratégica y de combate, así como de mayores recursos para equipamiento, armamento, comunicaciones, transporte y helicópteros para proteger los desplazamientos. El Gobierno tiene la obligación de defender a todos los peruanos de esta grave amenaza.
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ALFREDO PALACIOS DONGO
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Desde el inicio de la guerra interna iniciada por Sendero Luminoso en mayo de 1980 tuvieron que pasar casi dos décadas, con miles de muertos e incalculables perdidas materiales, para que el terrorismo sea derrotado militar y estratégicamente. Sin embargo, a pesar de no estar liquidado, a fines de 1999 el Estado comenzó a replegarse de la selva central en la que aún existían remanentes. Así el año 2000 se inició un rebrote terrorista coludido con el narcotráfico –500 terroristas según el Departamento de Estado de EE UU– el cual empezando con agitación y propaganda volvió a retomar su accionar criminal en agosto de 2001 asesinando a 4 policías en la selva central y en el 2002 a otros dos policías en la vía Ayacucho-Tambo.
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Pero es a partir del año 2004, cuando se habían reducido las operaciones antisubversivas, que los terroristas iniciaron una serie de feroces emboscadas y ataques contra personal militar y policial. La primera ocurrió en Aguaytía en junio de 2004 asesinando a dos policías y un marino. Luego entre febrero 2005 y diciembre 2006, en tres sangrientas emboscadas, acribillaron a 22 policías y 3 civiles en zonas de Tingo María, Aucayacu, Juanjui y La Mar. Posteriormente, en noviembre de 2007, en Ocabamba, Apurímac, destruyeron la comisaría asesinando al comisario, y dos semanas después, emboscaron dos vehículos policiales en el distrito de Tintay Punco, Huancavelica, siendo cruelmente asesinados 4 policías.
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La emboscada del pasado día 9 contra una patrulla de la base contraterrorista de Cochabamba Grande –en el mismo distrito de Tintay Punco donde ocurrió la anterior emboscada y empleando la misma modalidad– fue el peor atentado en los últimos 10 años. Unos 80 terroristas detonaron una carga explosiva bajo uno de los camiones particulares en que se trasladaban, asesinando después de un enfrentamiento a 14 militares y dos civiles, llevándose el armamento de la patrulla y dejando 11 heridos. Finalmente, hace solo 5 días, en Ayahuanco, Huanta, asesinaron 2 sargentos e hirieron un oficial y cuatro soldados.
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Del análisis de estas emboscadas se puede determinar que a pesar de la presencia de terroristas en dichas áreas, la falta de previsión y seguridad durante los desplazamientos fue determinante para que éstas se produzcan. Asimismo, la falta de capacidad de reacción denota fallas de planeamiento, seguridad e inteligencia.
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A pesar que el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, ha declarado que "no habrá recortes presupuestales para las FF AA ni policiales que luchan contra el terrorismo", es grave el recorte de S/. 400 millones a Defensa del actual presupuesto. Además de afectar la operatividad de las FF AA, afecta también las operaciones antisubversivas, obligando a transferir recursos de otros rubros.
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Para enfrentar el narcoterrorismo, además de mejorarse la situación social y condiciones de vida en dichas zonas, es imprescindible la acción militar y policial con una adecuada inteligencia estratégica y de combate, así como de mayores recursos para equipamiento, armamento, comunicaciones, transporte y helicópteros para proteger los desplazamientos. El Gobierno tiene la obligación de defender a todos los peruanos de esta grave amenaza.
