Un tribunal civil inició el lunes el tercer juicio público al ex presidente peruano Alberto Fujimori, quien cumplirá 71 años a fines de este mes, por delitos de peculado y falsedad ideológica por haber pagado 15 millones de dólares a Montesinos con fondos del tesoro público extraídos de forma irregular.
LIMA -- El ex presidente Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones de los derechos humanos, aceptó el lunes haber pagado ilegalmente 15 millones de dólares a su ex jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos a fines de su gobierno de una década, delito por el que la fiscalía pidió sea condenado a ocho años de cárcel.
Sin embargo, el ex mandatario discrepó de la pena solicitada y tampoco aceptó tener responsabilidad penal en el caso.
Un tribunal civil inició el lunes el tercer juicio público a Fujimori, quien cumplirá 71 años a fines de este mes, por delitos de peculado y falsedad ideológica por haber pagado 15 millones de dólares a Montesinos con fondos del tesoro público extraídos de forma irregular.
En la primera sesión judicial, el fiscal Avelino Guillén pidió que se le impongan ocho años de cárcel, se le inhabilite para ejercer cargos públicos y pague al estado dos millones de soles (unos 670.000 dólares) como reparación civil al estado.
Fujimori lucía sereno e imperturbable, y cuando se le requirió para que dijera si reconocía haber cometido los delitos imputados, respondió: "solamente acepto los hechos, no acepto la responsabilidad penal, la pena ni la reparación civil".
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, dijo que no correspondía condenar a Fujimori por peculado por cuanto posteriormente al pago hecho a Montesinos, el ex mandatario restituyó esos fondos al erario nacional.
El que Fujimori haya aceptado los cargos implica que el juicio terminará rápidamente ya que no se procederá al interrogatorio de testigos.
Esta estrategia legal de Fujimori apuntaría a que no se ventilen los graves hechos de corrupción de su gobierno, para no perjudicar los planes electorales de sus partidarios, según Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos.
"Para ellos es un costo político alto, por eso, supongo, es que están evitando que vayan todos esos testigos... a ser escuchados en la sala sobre la manera cómo Fujimori disponía del dinero público", dijo Cano a la AP.
La defensa de Fujimori actualmente lleva a cabo un proceso de apelación de la sentencia de 25 años que se le impuso el 7 de abril como responsable de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), que costaron la vida a 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
Fujimori gobernó autoritariamente Perú entre 1990 y 2000, cuando un vídeo mostró a Montesinos, entonces su hombre de confianza y brazo derecho, sobornando a un congresista opositor, lo que desató un escándalo que condujo a la caída de su gobierno en noviembre de ese año.
Fujimori abandonó Perú y se refugió en Japón por cinco años, luego de lo cual viajó a Chile, donde fue capturado a pedido de la justicia peruana, y extraditado en septiembre del 2007.
El fiscal Avelino Guillén dijo que el pago de 15 millones de dólares "fue una recompensa por los servicios que prestó el señor Montesinos durante los años del régimen de Alberto Fujimori".
Guillén dijo que existen varios testimonios de testigos -incluidos ex ministros de estado- que tomaron parte del procedimiento para efectuar el pago, que incriminan a Fujimori, por lo que los cargos están "sólidamente probados en autos".
Según reseñó Guillén, luego de la difusión de un vídeo que comprometía a Montesinos, el 14 de septiembre del 2000, Fujimori ordenó una transferencia de fondos de 15 millones de dólares al ministerio de Defensa, justificando mediante un decreto la necesidad de hacer frente a una penetración de las guerrillas colombianas FARC a territorio peruano.
Pero ese dinero fue entregado el 22 de septiembre del 2000 a Montesinos, quien a su vez lo entregó a un socio traficante de armas, que lo depositó en las cuentas bancarias que el ex asesor poseía en Suiza.
A fines de octubre, el gobierno suizo hizo público que se habían detectado millonarias cuentas de Montesinos en Suiza, y el dos de noviembre Fujimori restituyó 15 millones de dólares al tesoro público, desconociéndose el origen de esos fondos, que habrían provenido de su patrimonio personal, destacó Guillén.
Sin embargo, el ex mandatario discrepó de la pena solicitada y tampoco aceptó tener responsabilidad penal en el caso.
Un tribunal civil inició el lunes el tercer juicio público a Fujimori, quien cumplirá 71 años a fines de este mes, por delitos de peculado y falsedad ideológica por haber pagado 15 millones de dólares a Montesinos con fondos del tesoro público extraídos de forma irregular.
En la primera sesión judicial, el fiscal Avelino Guillén pidió que se le impongan ocho años de cárcel, se le inhabilite para ejercer cargos públicos y pague al estado dos millones de soles (unos 670.000 dólares) como reparación civil al estado.
Fujimori lucía sereno e imperturbable, y cuando se le requirió para que dijera si reconocía haber cometido los delitos imputados, respondió: "solamente acepto los hechos, no acepto la responsabilidad penal, la pena ni la reparación civil".
El abogado de Fujimori, César Nakazaki, dijo que no correspondía condenar a Fujimori por peculado por cuanto posteriormente al pago hecho a Montesinos, el ex mandatario restituyó esos fondos al erario nacional.
El que Fujimori haya aceptado los cargos implica que el juicio terminará rápidamente ya que no se procederá al interrogatorio de testigos.
Esta estrategia legal de Fujimori apuntaría a que no se ventilen los graves hechos de corrupción de su gobierno, para no perjudicar los planes electorales de sus partidarios, según Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos.
"Para ellos es un costo político alto, por eso, supongo, es que están evitando que vayan todos esos testigos... a ser escuchados en la sala sobre la manera cómo Fujimori disponía del dinero público", dijo Cano a la AP.
La defensa de Fujimori actualmente lleva a cabo un proceso de apelación de la sentencia de 25 años que se le impuso el 7 de abril como responsable de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), que costaron la vida a 25 personas, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
Fujimori gobernó autoritariamente Perú entre 1990 y 2000, cuando un vídeo mostró a Montesinos, entonces su hombre de confianza y brazo derecho, sobornando a un congresista opositor, lo que desató un escándalo que condujo a la caída de su gobierno en noviembre de ese año.
Fujimori abandonó Perú y se refugió en Japón por cinco años, luego de lo cual viajó a Chile, donde fue capturado a pedido de la justicia peruana, y extraditado en septiembre del 2007.
El fiscal Avelino Guillén dijo que el pago de 15 millones de dólares "fue una recompensa por los servicios que prestó el señor Montesinos durante los años del régimen de Alberto Fujimori".
Guillén dijo que existen varios testimonios de testigos -incluidos ex ministros de estado- que tomaron parte del procedimiento para efectuar el pago, que incriminan a Fujimori, por lo que los cargos están "sólidamente probados en autos".
Según reseñó Guillén, luego de la difusión de un vídeo que comprometía a Montesinos, el 14 de septiembre del 2000, Fujimori ordenó una transferencia de fondos de 15 millones de dólares al ministerio de Defensa, justificando mediante un decreto la necesidad de hacer frente a una penetración de las guerrillas colombianas FARC a territorio peruano.
Pero ese dinero fue entregado el 22 de septiembre del 2000 a Montesinos, quien a su vez lo entregó a un socio traficante de armas, que lo depositó en las cuentas bancarias que el ex asesor poseía en Suiza.
A fines de octubre, el gobierno suizo hizo público que se habían detectado millonarias cuentas de Montesinos en Suiza, y el dos de noviembre Fujimori restituyó 15 millones de dólares al tesoro público, desconociéndose el origen de esos fondos, que habrían provenido de su patrimonio personal, destacó Guillén.