El XXVI Congreso Mundial de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), reunido en Moscú, aprobó hoy por unanimidad una enérgica condena a la decisión del gobierno venezolano de no renovar la concesión para las operaciones a la planta televisiva Radio Caracas Televisión (RCTV), por considerar que afecta la libertad de expresión y la pluralidad y deja en la calle a miles de trabajadores.
La discusión sobre el cierre de la planta televisiva más antigua y más importante de Venezuela fue planteada en la plenaria de este viernes mediante un moción de urgencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), representado por Gregorio Salazar, Secretario General, y Doris Villarroel, Secretaria de Derechos Humanos de esa organización.
Los congresistas exigen revertir la medida que determinó el cierre de RCTV e igualmente se solidarizan con los trabajadores de esa planta y con todos los periodistas de Venezuela que "hoy viven uno de sus momentos más oscuros". FIP afilia a más de 100 organizaciones sindicales de periodistas alrededor del mundo, con más de medio millón de miembros.
En el Congreso de Moscú, centrado en la lucha contra la impunidad y el futuro de la profesión, participaron más de quinientos periodistas de todo el mundo, entre delegados y observadores.
A continuación el texto de la moción aprobada por el XXVI Congreso de la FIP: Consideramos. Que en el 27 de mayo de 2007, el gobierno de Venezuela ejecutó la medida de cierre, mediante la no renovación de la concesión, a RCTV, el canal de televisión de mayor antigüedad e importancia de ese país, con cincuenta y tres años de existencia. Es por eso que nos preocupa, puesto que la libertad de expresión, la diversidad de las visiones políticas presentes en toda sociedad democrática, la crítica y la denuncia están gravemente lesionadas en la medida que se apliquen sanciones a los medios
radioeléctricos por mantener líneas editoriales independientes.
Observamos. Que si bien los Estados tienen la facultad de administrar las concesiones para el uso del espacio radioeléctrico, esta función debe ejercerse mediante reglas claras y transparentes, con independencia de dictámenes presidenciales.
Advirtiendo. Que el cierre de RCTV se produce en el contexto de una larga serie de agresiones a medios de comunicación y periodistas en Venezuela, que superan los ochocientos (800) casos en los últimos ocho (8) años.
Consternados. Porque la no renovación de esta concesión implica el cierre de las operaciones de RCTV en su señal abierta y libre, impidiendo el ejercicio del trabajo a más de tres mil (3.000) empleados directos entre periodistas, reporteros, técnicos y demás trabajadores de la comunicación y el entretenimiento.
Alarmados. Porque el Tribunal Supremo de Justicia ha negado las acciones de amparo ejercidas por los trabajadores y ha ordenado la confiscación y militarización de las instalaciones y equipos propiedad de RCTV, ubicados a nivel nacional, reservándolos para el uso del propio Estado venezolano.
Acuerda. Condenar de la manera más enérgica el ataque sistemático, por parte del actual gobierno venezolano, a la libertad de expresión y la eliminación de RCTV como un canal de televisión libre e independiente. Declarar plena solidaridad con todos los trabajadores de RCTV y, en general, con todos los periodistas y trabajadores de la prensa de Venezuela, quienes hoy viven uno de sus momentos más oscuros Llamar a las organizaciones de derechos humanos e instituciones, que velan por los derechos universales de la libertad de expresión y del trabajo, a condenar las acciones de fuerza aplicadas en contra de RCTV y mantenerse alertas frente a la imposición de un sistema comunicacional hegemónico por parte del gobierno venezolano. Exigir al gobierno venezolano detener y revertir sus acciones contra RCTV y respetar y cumplir fielmente el régimen de libertades que se encuentra garantizado en el marco constitucional.
La discusión sobre el cierre de la planta televisiva más antigua y más importante de Venezuela fue planteada en la plenaria de este viernes mediante un moción de urgencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), representado por Gregorio Salazar, Secretario General, y Doris Villarroel, Secretaria de Derechos Humanos de esa organización.
Los congresistas exigen revertir la medida que determinó el cierre de RCTV e igualmente se solidarizan con los trabajadores de esa planta y con todos los periodistas de Venezuela que "hoy viven uno de sus momentos más oscuros". FIP afilia a más de 100 organizaciones sindicales de periodistas alrededor del mundo, con más de medio millón de miembros.
En el Congreso de Moscú, centrado en la lucha contra la impunidad y el futuro de la profesión, participaron más de quinientos periodistas de todo el mundo, entre delegados y observadores.
A continuación el texto de la moción aprobada por el XXVI Congreso de la FIP: Consideramos. Que en el 27 de mayo de 2007, el gobierno de Venezuela ejecutó la medida de cierre, mediante la no renovación de la concesión, a RCTV, el canal de televisión de mayor antigüedad e importancia de ese país, con cincuenta y tres años de existencia. Es por eso que nos preocupa, puesto que la libertad de expresión, la diversidad de las visiones políticas presentes en toda sociedad democrática, la crítica y la denuncia están gravemente lesionadas en la medida que se apliquen sanciones a los medios
radioeléctricos por mantener líneas editoriales independientes.
Observamos. Que si bien los Estados tienen la facultad de administrar las concesiones para el uso del espacio radioeléctrico, esta función debe ejercerse mediante reglas claras y transparentes, con independencia de dictámenes presidenciales.
Advirtiendo. Que el cierre de RCTV se produce en el contexto de una larga serie de agresiones a medios de comunicación y periodistas en Venezuela, que superan los ochocientos (800) casos en los últimos ocho (8) años.
Consternados. Porque la no renovación de esta concesión implica el cierre de las operaciones de RCTV en su señal abierta y libre, impidiendo el ejercicio del trabajo a más de tres mil (3.000) empleados directos entre periodistas, reporteros, técnicos y demás trabajadores de la comunicación y el entretenimiento.
Alarmados. Porque el Tribunal Supremo de Justicia ha negado las acciones de amparo ejercidas por los trabajadores y ha ordenado la confiscación y militarización de las instalaciones y equipos propiedad de RCTV, ubicados a nivel nacional, reservándolos para el uso del propio Estado venezolano.
Acuerda. Condenar de la manera más enérgica el ataque sistemático, por parte del actual gobierno venezolano, a la libertad de expresión y la eliminación de RCTV como un canal de televisión libre e independiente. Declarar plena solidaridad con todos los trabajadores de RCTV y, en general, con todos los periodistas y trabajadores de la prensa de Venezuela, quienes hoy viven uno de sus momentos más oscuros Llamar a las organizaciones de derechos humanos e instituciones, que velan por los derechos universales de la libertad de expresión y del trabajo, a condenar las acciones de fuerza aplicadas en contra de RCTV y mantenerse alertas frente a la imposición de un sistema comunicacional hegemónico por parte del gobierno venezolano. Exigir al gobierno venezolano detener y revertir sus acciones contra RCTV y respetar y cumplir fielmente el régimen de libertades que se encuentra garantizado en el marco constitucional.
