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En el documento se indica costos de mítines, conferencias y confección de polos y gorros.
- En la audiencia, testigo Robles dice que ex mandatario tuvo control de operación La Cantuta.
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Mientras el testigo Rodolfo Robles Espinoza empezaba a responder las interrogantes de la Fiscalía, a Fujimori se le veía sumamente concentrado, leyendo un documento con indicaciones de lo que sería la puesta en marcha de una serie de acciones proselitistas de su agrupación política.
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Él sacó esta hoja de su portafolio y, de inmediato, tomó un bolígrafo para ir revisando cada frase. En ese momento, el reportero gráfico de Perú.21 Paul Vallejos, acreditado en este juicio, lo fotografió.
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Él sacó esta hoja de su portafolio y, de inmediato, tomó un bolígrafo para ir revisando cada frase. En ese momento, el reportero gráfico de Perú.21 Paul Vallejos, acreditado en este juicio, lo fotografió.
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Luego de ver las anotaciones en el papel, el ex mandatario hizo algunas anotaciones en un cuaderno grande que siempre lleva consigo a las audiencias, y en donde también, según se ha podido ver en anteriores sesiones, coloca comentarios respecto de lo que declaran algunos testigos.
ACCIONES Y CIFRAS.
En ese documento, que lleva el título de 'Plan 2011', consigna, por ejemplo, la confección de almanaques, de polos y hasta de gorras publicitarias para ser entregados a los electores.
Pero no solamente han pensado en la entrega de este tipo material, sino también en la realización de mítines y de movilizaciones.
Según las anotaciones, se realizarían conferencias, publicidad en radio a nivel nacional y en una página web, para lo cual citan a algunas personas que se encargarían de ese trabajo.
En el papel también se consignan los montos que desembolsaría el fujimorismo para realizar cada una de esas acciones, las mismas que están cotizadas en dólares.
Todo esto demuestra que, aun estando privado de su libertad y con una condena de seis años de prisión, y a pocos meses de ser sentenciado por su supuesta participación indirecta en las matanzas de Barrios Altos y de La Cantuta -lo que podría costarle hasta 30 años de privación de libertad-, el ex presidente Alberto Fujimori no deja de pensar en su partido y en las elecciones, aunque falten cuatro años para que se realicen.
TESTIGO EN EL JUICIO.
Minutos después, en la audiencia, se presentó ante el tribunal el general EP en retiro Rodolfo Robles Espinoza, quien en 1993 denunció la existencia del grupo Colina dentro del Ejército.
Este ex oficial dijo que la matanza de La Cantuta fue una operación especial de Inteligencia que el ex mandatario controló a través del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Explicó que ese destacamento, que perpetró las matanzas de Barrios Altos, de La Cantuta y otras, dependía orgánicamente del SIN, y que este último organismo castrense estaba oficialmente bajo el control de Fujimori, debido a que así lo disponía el Decreto Legislativo 746, que fue emitido en 1991.
Con la ayuda de diapositivas, el testigo hizo notar que esa norma les otorgaba poder a los servicios secretos, que hasta antes de 1991 no estaban involucrados en la política y eran regulados con el Decreto Legislativo 270, emitido por el gobierno de Fernando Belaunde.
En este interrogatorio, que efectuó el fiscal supremo José Peláez, el testigo reiteró que, desde 1991, los oficiales de Inteligencia tenían que darle cuenta después de la ejecución de las operaciones, de tal forma que el entonces jefe de Estado tenía el control de lo que Inteligencia hacía.
Robles expresó que el destacamento Colina actuaba bajo dos líneas de mando: una, que la conformaba el SIN asociado con el presidente de la República, y otra línea jerárquica administrativa, que tenía que ver con los pagos, personal, cambio de colocaciones, aspectos disciplinarios, entre otros.
En otra parte de su testimonio, explicó sus conceptos sobre diversos manuales presentados en esta sesión como medios de prueba por el representante del Ministerio Público.
Así, según su criterio, el vocablo "eliminar" significaba -en el lenguaje militar- "dar muerte al enemigo o matarlo", y que la aplicación de una "guerra sucia" responde a una decisión política y no de los miembros del Ejército.
TOMADO DE PERU21.CO
¡LUCHEMOS CONTRA LA IMPUNIDAD!