Sábado 21 de junio 2008
ALFREDO PALACIOS DONGO
En medio de la crisis producida en Moquegua, debida a las protestas originadas por la distribución del canon minero, existe latente en nuestro país otro grave problema del sector: la minería informal. Tema complejo y antiguo, que por su explosivo crecimiento y sus efectos negativos, debería ser contrarrestado.
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Esta ilícita actividad opera hace más de 50 años sin un adecuado control y fiscalización. No paga impuestos; genera explotación de adultos y niños trabajadores; provoca conflictos y enfrentamientos entre mineros y agricultores; origina delincuencia, alcoholismo, violencia e inseguridad; y ocasiona graves impactos ambientales por las precarias condiciones de operación y empleo de sustancias muy tóxicas como cianuro –que permite recuperar el oro del material removido además de arsénico, mercurio, soda cáustica, carbón activado y dinamita, cuyos desechos, son arrojados a ríos, lagos y suelos, produciendo gran contaminación.
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El 30 de mayo pasado durante una sesión del Acuerdo Nacional, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, manifestó que la minería informal es uno de los principales problemas que buscará resolver. Y no es para menos, ya que en febrero de este año, cuando era encargado de la comisión para elaborar el proyecto de creación del actual ministerio, advirtió que "la minería informal es un cáncer que está consumiendo el país".
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No hay estadísticas oficiales, pero se estima que existen alrededor de 150,000 mineros informales, y cuyo mayor porcentaje se dedica a la extracción de oro. Según datos del ministerio de Energía y Minas (MEM), el 70% de la minería artesanal de este metal precioso es informal. Como ejemplos, solo en Madre de Dios, esta actividad produce anualmente alrededor de US$ 800 millones, y en Pasco, existen más de 300 centros de explotación. También se registran extracciones ilegales de oro en Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cuzco, La Libertad, Loreto, Piura y Puno, entre otros, además de cobre en Arequipa, hierro en Lambayeque, carbón en La Libertad y Ancash, plata y zinc en Pasco y hasta uranio en Puno.
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No existe una estrategia clara del gobierno para enfrentar este grave problema de la minería informal. El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, ha calificado a los gobiernos regionales de inoperantes para su control y combate. También ha manifestado que el ministerio del Ambiente asumirá funciones específicas en esta materia, pero sin explicar cuales. Existe una transferencia de funciones del MEM a los gobiernos regionales –que debió culminar el 31 de diciembre 2007–, pero para algunos presidentes regionales se trata de una competencia compartida, de un problema incontrolable y de falta de recursos. Por su parte, para el ministro de Trabajo, Mario Pasco, su control es muy difícil por la inaccesibilidad o carencia de recursos.
En este contexto, para comenzar a prevenir y reducir la minería informal, además del mejoramiento de la situación socioeconómica en las zonas donde prolifera esta actividad, se requiere de políticas eficaces de control y supervisión del trabajo informal e insumos, así como del establecimiento de normas y procedimientos que incentiven la formalización de los productores ilegales.
