domingo 6 de julio 2008
ALFREDO PALACIOS DONGO
Como un asunto antiguo y recurrente y además muchas veces propuesto por diferentes partidos y actores políticos, el día 23 de junio pasado, José Arellano, presidente ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), reabrió el debate sobre los recursos para las FF AA, al proponer la derogación de la Ley Reservada del Cobre N° 13.196 para que esta empresa estatal no continúe entregando fondos al sector Defensa y pueda así potenciar su desarrollo y competitividad.
Desde inicios de 1940 la legislación chilena ya establecía la entrega automática de fondos para la Defensa provenientes de impuestos a licores y tabaco. Es a partir de octubre de 1958 que se promulga la Ley Reservada del Cobre gravando específicamente con 15% las utilidades de la minería privada. Posteriormente, en 1976 durante el régimen militar, se completó el texto final que rige actualmente y dispone que Codelco entregue a las FF AA –con decretos reservados y en cuentas secretas– el 10% correspondiente a sus ventas al exterior, para adquisición de armas.
En el actual debate sobre recursos para las FF AA, según el gobierno, se está analizando un proyecto para derogar esta ley que comenzaría a discutirse el segundo semestre de este año. Sin embargo, la condición imprescindible –con la que coinciden el gobierno y la oposición– es que como política de Estado, en todos los casos antes de su derogación, se deberá desarrollar un sistema de financiamiento de fondos estable y permanente para compras militares de las FF AA, tal como presupuestos plurianuales o planificaciones no menores de cinco años, que no permitan cambios coyunturales de gobiernos de turno y facilite las inversiones en armamento de tal forma que asegure en el largo plazo la capacidad de defensa del país.
El actual gobierno chileno resume de esta forma el concepto estratégico de su política de Defensa y Seguridad del Estado: "Así como el país necesita más educación, más salud, más vivienda y mejor previsión, también requiere una defensa disuasiva, moderna y respetada internacionalmente. En consecuencia, tenemos que darle los medios que necesita para cumplir su función".
Comparativamente, en nuestro país no existe una política de Estado para la Defensa y se han venido reduciendo paulatinamente los recursos para las FF AA sin ningún criterio técnico ni científico, sin haberse efectuado previamente un planeamiento estratégico, ni mucho menos, determinado ni precisado su rol de funciones, estructura ni capacidades futuras, lo cual obviamente viene afectando severamente su operatividad.
En este sentido, es importante reiterar que en nuestro país la seguridad nacional no debe ser descuidada y debe ser tratada como parte de una visión integral del Estado, con una perspectiva de largo plazo y con la concepción de la existencia de una estrategia nacional en el campo de la seguridad y defensa, la misma que complemente y acompase el ritmo de desarrollo del país.
ALFREDO PALACIOS DONGO
Como un asunto antiguo y recurrente y además muchas veces propuesto por diferentes partidos y actores políticos, el día 23 de junio pasado, José Arellano, presidente ejecutivo de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), reabrió el debate sobre los recursos para las FF AA, al proponer la derogación de la Ley Reservada del Cobre N° 13.196 para que esta empresa estatal no continúe entregando fondos al sector Defensa y pueda así potenciar su desarrollo y competitividad.
Desde inicios de 1940 la legislación chilena ya establecía la entrega automática de fondos para la Defensa provenientes de impuestos a licores y tabaco. Es a partir de octubre de 1958 que se promulga la Ley Reservada del Cobre gravando específicamente con 15% las utilidades de la minería privada. Posteriormente, en 1976 durante el régimen militar, se completó el texto final que rige actualmente y dispone que Codelco entregue a las FF AA –con decretos reservados y en cuentas secretas– el 10% correspondiente a sus ventas al exterior, para adquisición de armas.
En el actual debate sobre recursos para las FF AA, según el gobierno, se está analizando un proyecto para derogar esta ley que comenzaría a discutirse el segundo semestre de este año. Sin embargo, la condición imprescindible –con la que coinciden el gobierno y la oposición– es que como política de Estado, en todos los casos antes de su derogación, se deberá desarrollar un sistema de financiamiento de fondos estable y permanente para compras militares de las FF AA, tal como presupuestos plurianuales o planificaciones no menores de cinco años, que no permitan cambios coyunturales de gobiernos de turno y facilite las inversiones en armamento de tal forma que asegure en el largo plazo la capacidad de defensa del país.
El actual gobierno chileno resume de esta forma el concepto estratégico de su política de Defensa y Seguridad del Estado: "Así como el país necesita más educación, más salud, más vivienda y mejor previsión, también requiere una defensa disuasiva, moderna y respetada internacionalmente. En consecuencia, tenemos que darle los medios que necesita para cumplir su función".
Comparativamente, en nuestro país no existe una política de Estado para la Defensa y se han venido reduciendo paulatinamente los recursos para las FF AA sin ningún criterio técnico ni científico, sin haberse efectuado previamente un planeamiento estratégico, ni mucho menos, determinado ni precisado su rol de funciones, estructura ni capacidades futuras, lo cual obviamente viene afectando severamente su operatividad.
En este sentido, es importante reiterar que en nuestro país la seguridad nacional no debe ser descuidada y debe ser tratada como parte de una visión integral del Estado, con una perspectiva de largo plazo y con la concepción de la existencia de una estrategia nacional en el campo de la seguridad y defensa, la misma que complemente y acompase el ritmo de desarrollo del país.
