sábado 12 de julio 2008
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ALFREDO PALACIOS DONGO
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El problema de la lucha contra las drogas no solo debe verse como un asunto unilateral de los países productores de coca como Colombia, Perú y Bolivia, sino también en la demanda que se genera en los países más desarrollados, especialmente EE UU y la Unión Europea (UE), la cual condiciona su producción y comercialización para fines ilícitos. Esta lucha debe tener un compromiso obligado de corresponsabilidad entre ambas partes, ya que es un fenómeno universal y complejo que acarrea graves consecuencias sanitarias por afectar el organismo y las funciones humanas de alrededor de 300 millones de consumidores de drogas en el mundo, además de peligrosas consecuencias sociales como criminalidad, violencia, corrupción y marginación.
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El compromiso de corresponsabilidad de los países consumidores no es equitativo. EE UU lo admite superficialmente a pesar de contar con el mayor mercado de consumo de drogas del mundo. Nos han disminuido incesantemente su asistencia económica desde el 2003, de US$ 206 millones a US$ 129.4 millones el 2007, y actualmente hasta US$ 70.3 millones. Esta actitud no solo no considera las repercusiones por los incrementos de cultivos de hoja de coca, producción de cocaína y violencia en nuestras zonas cocaleras, sino que además acentúa su equivocada estrategia de priorizar la erradicación sobre los programas de desarrollo social.
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La corresponsabilidad de la Unión Europea (UE) debería ser aún mayor pero su apoyo es mínimo. El consumo de cocaína aumenta de manera exponencial y actualmente la usan más de 4.5 millones de europeos. El 70% de cocaína que producimos (equivalente a alrededor de 200 TM y un valor de US$ 14,000 millones) es exportada a ese continente, donde España y los Países Bajos se han convertido en su mayor punto de entrada. Aunque en la V Cumbre ALC-UE realizada en mayo pasado en nuestro país, la comisaria europea de relaciones exteriores, Benita Ferrero-Waldner, reconoció que existe entre ambos continentes una responsabilidad compartida en el universo de las drogas, en la "Declaración de Lima" el tema quedo relegado y ni siquiera fue considerado.
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En el marco de la lucha contra las drogas nuestro país tiene graves problemas para cumplir las metas de la Estrategia Nacional 2007-2011, principalmente por falta de recursos. Se emplean alrededor de US$ 120 millones anuales, pero solo para el programa de Desarrollo Alternativo (PDA) se requerirían miles de millones en inversión en las zonas cocaleras, especialmente en infraestructura; y para avanzar en acciones complementarias de erradicación, interdicción y control de insumos, se necesitarían por lo menos US$ 300 millones anuales.
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En este contexto, el gobierno debería proponer la ejecución de una estrategia internacional que aborde el principio de la corresponsabilidad, con el compromiso de los países productores en aumentar sus recursos y lograr una significativa disminución en su producción y tráfico de drogas; y de los países consumidores, en su decisión política de enfrentar el consumo y apoyar económicamente a los países productores. Esta estrategia debería ser planteada como una acción integrada, de tratamiento equilibrado y de apoyo mutuo y equitativo.
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ALFREDO PALACIOS DONGO
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El problema de la lucha contra las drogas no solo debe verse como un asunto unilateral de los países productores de coca como Colombia, Perú y Bolivia, sino también en la demanda que se genera en los países más desarrollados, especialmente EE UU y la Unión Europea (UE), la cual condiciona su producción y comercialización para fines ilícitos. Esta lucha debe tener un compromiso obligado de corresponsabilidad entre ambas partes, ya que es un fenómeno universal y complejo que acarrea graves consecuencias sanitarias por afectar el organismo y las funciones humanas de alrededor de 300 millones de consumidores de drogas en el mundo, además de peligrosas consecuencias sociales como criminalidad, violencia, corrupción y marginación.
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El compromiso de corresponsabilidad de los países consumidores no es equitativo. EE UU lo admite superficialmente a pesar de contar con el mayor mercado de consumo de drogas del mundo. Nos han disminuido incesantemente su asistencia económica desde el 2003, de US$ 206 millones a US$ 129.4 millones el 2007, y actualmente hasta US$ 70.3 millones. Esta actitud no solo no considera las repercusiones por los incrementos de cultivos de hoja de coca, producción de cocaína y violencia en nuestras zonas cocaleras, sino que además acentúa su equivocada estrategia de priorizar la erradicación sobre los programas de desarrollo social.
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La corresponsabilidad de la Unión Europea (UE) debería ser aún mayor pero su apoyo es mínimo. El consumo de cocaína aumenta de manera exponencial y actualmente la usan más de 4.5 millones de europeos. El 70% de cocaína que producimos (equivalente a alrededor de 200 TM y un valor de US$ 14,000 millones) es exportada a ese continente, donde España y los Países Bajos se han convertido en su mayor punto de entrada. Aunque en la V Cumbre ALC-UE realizada en mayo pasado en nuestro país, la comisaria europea de relaciones exteriores, Benita Ferrero-Waldner, reconoció que existe entre ambos continentes una responsabilidad compartida en el universo de las drogas, en la "Declaración de Lima" el tema quedo relegado y ni siquiera fue considerado.
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En el marco de la lucha contra las drogas nuestro país tiene graves problemas para cumplir las metas de la Estrategia Nacional 2007-2011, principalmente por falta de recursos. Se emplean alrededor de US$ 120 millones anuales, pero solo para el programa de Desarrollo Alternativo (PDA) se requerirían miles de millones en inversión en las zonas cocaleras, especialmente en infraestructura; y para avanzar en acciones complementarias de erradicación, interdicción y control de insumos, se necesitarían por lo menos US$ 300 millones anuales.
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En este contexto, el gobierno debería proponer la ejecución de una estrategia internacional que aborde el principio de la corresponsabilidad, con el compromiso de los países productores en aumentar sus recursos y lograr una significativa disminución en su producción y tráfico de drogas; y de los países consumidores, en su decisión política de enfrentar el consumo y apoyar económicamente a los países productores. Esta estrategia debería ser planteada como una acción integrada, de tratamiento equilibrado y de apoyo mutuo y equitativo.
