21 Enero 2008
Amnistía Internacional se dirigió hoy a la presidenta Michelle Bachelet, intercediendo por la situación de grave riesgo vital de Patricia Roxana Troncoso, quien se encuentra en huelga de hambre desde el 10 de octubre de 2007.
La huelga fue iniciada por Troncoso Robles, de 37 años, en conjunto con los presos mapuche José Huenchunao Mariñan, Jaime Marileo Saravia, Juan Millalen Milla y Héctor Llaitul Carrillanca, quienes han desistido en razón de su deteriorado estado de salud.
Amnistía Internacional ha expresado al Gobierno su extrema preocupación por la situación de riesgo vital de la activista que parece haberse agravado tras su traslado a Chillán y pidió a las autoridades que se garantice el resguardo de su salud y su situación jurídica sea revisada.
Patricia Roxana Troncoso fue sentenciada en 2005, junto con otros activista a 10 años de prisión y multados con 425 millones de pesos, por aplicación de la "ley anti-terrorista" establecida bajo el sangriento gobierno militar de Augusto Pinochet.
Ha estado presa desde 2002 después de haber sido hallados responsables del incendio de 100 hectáreas de bosques en 2001. Su reclamo es que el bosque está en tierras ancestrales cedidas para la explotación de compañías madereras y papeleras, durante el gobierno de Pinochet.
Con su huelga de hambre está protestando por lo que consideran un juicio y sentencias injustas, usando una legislación no aplicable a su caso.
La comunidad mapuche está reconocida como uno de los pueblos indígenas de Chile según la Ley de Pueblos Indígenas de 1993. La ley " reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. "
En 2003, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas presentó un informe de su misión en Chile, que recomendaba que "además del otorgamiento de títulos sobre los terrenos privados, los territorios tradicionales que incluyan recursos de uso comunitario deben ser reclamados y reestablecidos".
" Apelamos a su alta investidura y sensibilidad para que actúe inmediatamente para prevenir el agravamiento y situaciones que acentúen el deteriorado escenario de violencia de la que han sido objeto individuos y comunidades mapuche en años recientes" se pide en la misiva a la Presidenta Bachelet, firmada por Karl Böhmer y Sergio Laurenti, presidente y director ejecutivo de Amnistía Internacional – Chile, respectivamente.
