Fecha: 20-ene-2007 18:07
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Política internacional
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Alan García y la pena de muerte
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Alan García y la pena de muerte
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Perú: Extraña insistencia en la condena capital
Perú: Extraña insistencia en la condena capital
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Ana Núñez
APM
Ana Núñez
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Analistas afirman que el presidente de Perú busca un pretexto para retirarse de la Corte de San José. Quiere adelantarse a futuros fallos en su contra.
Tras la insistencia del presidente Alan García en la necesidad de instaurar la pena capital en nuestro país para sancionar a los violadores de menores de edad -pese al archivo de ese proyecto en el Congreso-, se encendió la polémica. ¿Es este realmente un debate con tema de fondo o más bien existen algunos trasfondos? Aquí la opinión de algunos analistas.
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El cumplimiento de una promesa electoral o la protección a los menores de edad víctimas de violaciones no serían las verdaderas razones por las cuales Alan García estaría liderando la instauración de la pena capital en nuestro país.
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Según los analistas Nelson Manrique, Fernando Tuesta y Carlos Reyna, lo que existe detrás de esta cerrada defensa es la intención presidencial de poner en cuestionamiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia supranacional que abordará próximamente temas relacionados a violaciones de derechos humanos durante el primer gobierno de García Pérez y que, por lo tanto, podría emitir fallos en su contra.
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Nelson Manrique afirma que, con su posición, el mandatario busca crear un pretexto para que nuestro país se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y este pretexto sería que se instaure la pena de muerte en el Perú, hecho que vulneraría los compromisos con ese organismo supranacional.
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"El tema de fondo es que García teme los futuros fallos de la Corte de San José; se trata de una posición de gobierno motivada por un interés personal. Acá no se trata de que quiere cumplir promesas electorales, porque no lo ha hecho en referencia a temas como la revisión de los contratos lesivos para el país, revisar el TLC o eliminar la renta básica", sostuvo el sociólogo y analista político.
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En ese mismo sentido, Fernando Tuesta, sostuvo que, en realidad, el presidente García "está tratando de combatir hoy lo que mañana le puede ser difícil de enfrentar". Esto también en referencia a los futuros fallos de la Corte de San José sobre casos ligados a su régimen anterior.
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"Es muy difícil pensar que él (García) hace esto para defender a Fujimori. La primera defensa es sobre sí mismo, porque existe el temor de que la resolución de la Corte en relación al caso Cantoral y otros temas de derechos humanos pendientes, lo puedan colocar en un papel realmente difícil", dijo.
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Carlos Reyna sostiene, sin embargo, que tras el "empecinamiento" del presidente García en la instauración de la pena de muerte podría existir una segunda razón. El analista político afirma que para revertir la pérdida de respaldo que ha sufrido el gobierno aprista en los últimos meses, debido a la impopularidad de sus medidas económicas, el jefe de Estado se ha visto en la necesidad de manejar un discurso político demagógico.
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"Todos los gobiernos que optan por una política económica liberal tienen problemas para conservar el respaldo popular, pues tarde o temprano ésta comienza a ser cuestionada. Por esa razón, estos gobernantes se ven obligados a hacer algún tipo de política demagógica o de asistencialismo político para recuperar el respaldo que pierden por su posición económica", explicó.
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Pese a la controversia generada y la inmediata reacción, sobre todo de sectores ligados a los derechos humanos, diferentes encuestas señalan que la mayoría de peruanos respalda la instauración de la pena de muerte en nuestro país.
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Según García, el 80 por ciento de los ciudadanos apoya su propuesta, pues se trata de defender y proteger a las víctimas. Basado en ese respaldo es que el jefe de Estado planteó la realización de un referéndum para que sea la población la que decida si se aplica o no la pena capital en el Perú.
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El jefe de Estado señala que el Perú debe castigar con la máxima energía y sanción "a estos criminales que destruyen la patria y violan niños, porque lo que el país requiere es orden, seguridad, disciplina y la labor de un gobierno democrático es hacer cumplir el clamor del pueblo".
