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Comunicado de prensa
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05 de febrero de 2007
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Colombia: El homicidio de una defensora de Derechos Humanos arroja dudas sobre el proceso de desmovilización de los paramilitares
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Amnistía Internacional condena el homicidio de la defensora de los derechos humanos Yolanda Izquierdo en la ciudad de Montería, departamento de Córdoba, el 31 de enero. Según los informes, Yolanda Izquierdo fue tiroteada por unos hombres armados que se sospecha vinculados a grupos paramilitares apoyados por el ejército.
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Yolanda Izquierdo había recibido varias amenazas de muerte desde diciembre de 2006, y días antes de morir las había puesto en conocimiento de las autoridades locales y había solicitado protección. Se cree que el motivo de las amenazas era su labor como representante de sobrevivientes de violaciones de derechos humanos perpetradas por los paramilitares en la audiencia de desmovilización del dirigente paramilitar Salvatore Mancuso.
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El homicidio estaba claramente concebido para silenciar a quienes tienen el valor de denunciar las violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, perpetradas por paramilitares como Salvatore Mancuso y por quienes han apoyado a los paramilitares, sea política, económica o militarmente, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, así como poderosos intereses económicos y políticos.
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El homicidio de Yolanda Izquierdo vuelve a arrojar serias dudas sobre un supuesto proceso de desmovilización que sigue sin tener en cuenta el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y que a todas luces ha fracasado a la hora de desmantelar de forma eficaz a los grupos paramilitares.
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Amnistía Internacional ha advertido reiteradamente que los grupos paramilitares siguen operando y violando los derechos humanos en todo el país, a pesar de que el gobierno colombiano asegura que han sido desmovilizados más de 30.000 combatientes.
Amnistía Internacional pide a las autoridades nacionales pertinentes que abran de inmediato una investigación minuciosa e imparcial sobre el homicidio de Yolanda Izquierdo y adopten las medidas necesarias para proteger a los testigos que deseen participar en las audiencias.
Información complementaria.
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Desde 2003, grupos paramilitares han participado en un proceso auspiciado por el gobierno para desmovilizar a sus combatientes. En virtud del marco legal introducido para facilitar este proceso de "desmovilización" ¾principalmente la Ley de Justicia y Paz ¾ los miembros de grupos armados ilegales que deseen acogerse a los beneficios procedimentales que ofrece la Ley de Justicia y Paz deben participar en audiencias especiales en las que deben revelar detalles de las violaciones de derechos humanos que hayan cometido.
Equipo de Comunicaciones
Amnistía Internacional
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