Associated Press
LIMA - Perú pedirá a Chile la extradición del ex presidente Alberto Fujimori para procesarlo por diferentes delitos, pero principalmente por el asesinato a tiros de 25 personas en dos matanzas ocurridas hace más de una década.
La solicitud será hecha por vía diplomática de conformidad con un tratado de extradición peruano-chileno, según una disposición publicada el sábado en el diario oficial El Peruano.
Según el procurador público Antonio Maldonado, los 12 expedientes mediante los cuales el gobierno peruano fundamenta su pedido, serán enviados al gobierno de Chile antes del 6 de enero del 2006.
De acuerdo con la disposición, los expedientes entregados por la Corte Suprema de Justicia al ejecutivo para la extradición del ex mandatario, detenido en la capital chilena desde el 7 de noviembre de este año, fueron aprobados el viernes por el gobierno del presidente Alejandro Toledo.
Según organizaciones de derechos humanos, los delitos más graves que se imputan a Fujimori son asesinato, lesiones graves y desaparición forzada de personas por las matanzas conocidas en el país como los casos "Barrios Altos" y "La Cantuta".
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) dijo en una nota que entregó a la AP, que el caso de la localidad de "Barrios Altos" ocurrió el 3 de noviembre de 1991 cuando seis individuos armados irrumpieron en una casa ubicada en una antigua zona céntrica de Lima, donde más de una decena de personas se habían reunido para comer pollos a la brasa.
Según la nota, los hombres armados y encapuchados ingresaron a la casa y obligaron a los asistentes a arrojarse al suelo tras lo cual les dispararon indiscriminadamente, matando a quince de ellos, incluso un niño, e hiriendo gravemente a otros cuatro.
En el caso de "La Cantuta", militares encapuchados irrumpieron el 18 de julio de 1992 en la universidad estatal del mismo nombre, al este de Lima, donde secuestraron a nueve estudiantes y un profesor, a los que después asesinaron a balazos y enterraron primero en un lugar conocido como Huachipa y posteriormente en otro llamado la Cieneguilla.
Aprodeh sostuvo que en estos casos se demuestra que como parte de una estrategia en la lucha contra la subversión, el entonces presidente Fujimori "estableció una política encubierta de violación sistemática de derechos humanos".
Agregó que "con tal fin se constituyó un comando de aniquilamiento integrado por 35 militares quienes se autodenominaron grupo Colina, bajo el mando directo del entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, que dependía directamente de la Presidencia de la República".
Según Aprodeh, entre las pruebas testimoniales para demostrar que Fujimori conoció de antemano ambas matanzas figuran las declaraciones de los ex comandantes generales del ejército, Nicolás Hermoza Ríos, José Mariano Cacho y Rodolfo Robles Espinoza.
Aprodeh indicó que existen "además los testimonios de dos ex agentes de inteligencia que coinciden en señalar que el entonces presidente (Fujimori) autorizaba las operaciones desarrolladas por el grupo especial de inteligencia Colina".
Según el diario El Peruano, a Fujimori se imputan además delitos contra la administración pública, usurpación de funciones y abuso de autoridad, delitos contra la tranquilidad pública, asociación para delinquir, corrupción de funcionarios, espionaje telefónico, malversación de fondos y delitos contra el estado y la defensa nacional, favorecimiento bélico a estado extranjero o traición a la patria.
Pero los abogados de Fujimori (1990-2000) sostienen que no hay pruebas de las acusaciones.
Fujimori se marchó del Perú a Japón en noviembre del 2000 al derrumbarse su gobierno de una década en medio de un escándalo de corrupción.
El ex mandatario ha negado todas las acusaciones alegando que sólo buscan sabotear sus planes para postularse nuevamente a la presidencia en las elecciones del 9 de abril del 2006, pese a que está inhabilitado por el congreso.
