LIMA, 24 dic (Xinhuanet) -- Recientes acciones de grupos armados en la selva central de Perú ha puesto sobre el tapete un resurgimiento de la guerrilla en el país, donde supuestamente había sido aniquilada.CRIMINAL ABIMAEL GUZMAN
Las autoridades atribuyen a remanentes del grupo insurgente Sendero Luminoso recientes incursiones que han dejado al menos 13 agentes muertos, un juez asesinado y tres heridos.
El pasado 5 de diciembre, cinco efectivos antidrogas fueron asesinados en el puente Catute, próximo a la comunidad de Carmen Pampa, donde unos 40 individuos armados habían solicitado alimentos a lugareños, en el departamento de Ayacucho.
El 20 de este mes, ocho policías murieron y uno resultó herido en una emboscada tendida por individuos armados en las cercanías de Aucayacu, departamento de Huánuco, a 450 kilometros al nordeste de Lima.
El 23, dos helicópteros policiales (MI-17 de fabricación rusa) fueron tiroteados desde tierra con fusiles de alto poder con resultado de dos efectivos heridos.
El ataque ocurrió en la localidad de Vizcatán, departamento de Junín, a unos 350 kilómetros al este de la capital. Una de las aeronaves fue alcanzada por los disparos y regresó a su base.
El ministerio del Interior dijo que los helicópteros prestaban apoyo a patrullas en tierra que intentaban la localización de un campamento rebelde.
Sendero Luminoso y otras agrupaciones rebeldes de izquierda combatieron durante casi 20 años contra el gobierno, que los derrotó durante la presidencia de Alberto Fujimori.
Según versiones de prensa, ocho individuos armados solicitaron alimentos en la comunidad campesina de Huanta, provincia de Ayacucho.
El presidente regional de Ayacucho, Omar Quesada, rechazó las versiones y aseguró que ningún movimiento subversivo ha sido detectado en la zona.
En lo que va del año, las autoridades han registrado 150 incursiones de grupos armados, al parecer de Sendero Luminoso, en especial en valles cocaleros en los departamentos de Huancavelica, Huánuco, San Martín, Ayacucho y Junín.
El gobierno decretó el 21 de este mes el Estado de Emergencia por 60 días en cuatro provincias de Huánuco, una en San Martín y otra en Ucayali.
Unos 300 efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (DINOES) y agentes de inteligencia fueron movilizados para contrarrestar a los individuos armados.
Funcionarios de alto rango de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ejército Peruano (EP) definen estrategias combinadas para la captura de rebeldes, quienes se mimetizan entre la población.
La cúpula de SL, mediante un comunicado, amenaza con boicotear las elecciones generales programas para abril próximo.
Según analistas, remanentes de Sendero Luminoso, unos 300 o 400 militantes, actúan en grupos de 20 o 40, en alianza con narcotraficantes a cambio de financiamiento.
Los senderistas (seguidores de Sendero Luminoso) recorren constantemente regiones de la selva central y el sur andino, donde burlan la acción policial pues conocen la agreste geografía.
Sendero Luminoso inició su lucha en los andes peruanos en mayo de 1980. Suscitó pánico con sus atentados explosivos y en su apogeo tuvo hasta tres mil militantes.
A su lucha se sumó on el tiempo, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (Mrta), aunque con ideología diferente pero iguales métodos, incluidos secuestros. El Mrta centró sus acciones en la capital peruana.
Los coches-bomba y la destrucción de torres de energía eléctrica ocurrían a diario en el país.
En los años 90 del siglo pasado, el gobierno comenzó la desarticulación de Sendero Luminoso y el Mrta, pues capturó a los principales dirigentes.
El gobierno de Fujimori detuvo a Abimael Guzmán "Camarada Gonzalo" , fundador e ideólogo de Sendero Luminoso, y a Víctor Polay "Camarada Rolando", creador del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (Mrta).
Guzmán y Polay, así como otros dirigentes rebeldes, fueron sentenciados a cadena perpetua por tribunales militares sin rostro.
El Tribunal Constitucional (TC) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) anularon en 2001 los fallos y recomendaron el inicio de nuevos procesos judiciales con el argumento de que los acusados carecieron de garantías de ley.
Las autoridades judiciales ordenaron nuevos juicios a los dirigentes rebeldes recluidos en la prisión de alta seguridad de la Base Naval del Callao, a 14 kilómetros al oeste de Lima.
La "guerra popular (de guerrillas)" dejó en sus 20 años de duración al menos 69 mil muertos, nueve mil desaparecidos, 70 mil huérfanos y daños por 35 mil millones de dólares, según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación Nacional (CVRN), que funcionó de 2001 a 2003.
